La misma oficina de escuchas telefónicas de la Corte que fue acusada en forma reiterada por la vicepresidenta Cristina Kirchner de ser parte del supuesto aparato de inteligencia macrista fue elogiada por al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de un control del Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI). Se trata de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
La felicitación del BID está inserta en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos de la Argentina, desarrollada según una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este es el grupo de cooperación internacional contra el lavado de dinero.
La felicitación se debe a que durante el 2020, por ejemplo, el organismo recibió 16.766 requerimientos de intervenciones telefónicas (fueron 15.508 en 2020), con preminencia del Área Metropolitana de Buenos Aires (5232), la región Centro del país (4271) y el Noroeste (2633).
Mientras, la cantidad de oficios procesados en el marco de investigaciones criminales seguidas por delitos tipificados en la ley de estupefacientes (23.737) para el período 2020 y 2021, fue de 27.028. En cuanto a latitudes, Córdoba, Salta, Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Rosario encabezaron el ranking de cantidad de abonados intervenidos por delegación.
Si bien la mayor cantidad de intervenciones se dio en causas judiciales vinculadas con la ley de estupefacientes, de acuerdo con el informe los homicidios, la desaparición de personas, los secuestros extorsivos, robos, robos agravados y estafas fueron delitos en los que también prestó servicios.
En diciembre de 2020, con escándalo, el kirchnerismo aprobó en el Congreso un informe por mayoría que critica el rol de la DAJuDeCO y a miembros de la Cámara Federal porteña y de la Corte. En particular, lo hizo por las escuchas a Oscar Parrilli en las que Cristina lo trataba de “pelotudo” y a ex funcionarios K presos en Ezeiza en el marco del Operativo Puf.
Desde diciembre de 2018, la vicepresidenta quiere sacarle a la Corte el control sobre esa estratégica oficina de escuchas telefónicas (ex OJOTA de la SIDE) y devolvérselo a la Procuración General de la Nación.
No pudo pero logró que el Senado derogara a principios de año el decreto del ex presidente Mauricio Macri que hizo esa transferencia, pero no consiguió -hasta ahora- los votos necesarios en Diputados.
En cambio, se pudo en marcha un mecanismo de control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso sobre la DAJuDeCO, que presidente el diputado ultra cristinista Leopoldo Moreau, quien incluso amenazó con juicios políticos al miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti y al camarista federal Martín Irurzun por el trabajo de esa oficina..
“Quisiera extender mis felicitaciones a los funcionarios y agencias representantes del Poder Judicial de la Nación, en particular a la D.A.Ju.De.CO., por el excelente trabajo realizado y por el detalle y calidad de la información obtenida a lo largo de todo el proceso”, señala la nota dirigida al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, firmada por el Jefe de División de Innovación de Servicios para Servir al Ciudadano – Instituciones para el Desarrollo del BID.
La D.A.Ju.De.CO asiste desde su creación a autoridades judiciales y fiscales en la lucha contra el crimen organizado, categoría en la que se encuentra uno de los principales problemas socio-criminales a nivel mundial: las redes de narcotráfico y los delitos conexos.
El procedimiento de la D.A.ju.De.CO. en lo que respecta a las intervenciones telefónicas, inicia con la grabación –a través de un proceso automático sin intervención humana– en soportes ópticos que son puestos a disposición del personal expresamente designado por la autoridad judicial que requiere la medida, informaron fuentes judiciales a Clarín. Es decir, que solo el juez que lo pidió sabe a quién se está escuchando.
La D.A.ju.De.CO. presta, además, asistencias en materia contable/financiera. Como herramientas aplicadas en el marco de investigaciones de lavado de dinero con origen en narcocriminalidad, sus informes aportan a las agencias del sistema penal evidencias concretas acerca de la trazabilidad y destino final de los fondos, esencial para el decomiso y recupero de activos.
Estos informes alcanzaron a 62 personas físicas y 18 jurídicas en el bienio mencionado, con más de 60 millones de pesos en montos en estudio, más de 500 bienes registrables y operaciones comerciales analizadas y el “barrido” de un histórico de más de 50 años, para transparentar patrimonios sospechados por la génesis de su crecimiento.
