Los dos varas del Gobierno para acusar a periodistas que informan sobre temas sensibles




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Agustín Rossi acusó a Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro por publicar nombres de funcionarios de la AFI. Pero el Gobierno cuando medios K difundieron los nombres de 2.200 espías no los querelló, entre otros antecedentes.

El Gobierno denunció ante la Justicia a Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro por supuestamente violar secretos de la AFI, pero tiene una larga tradición de filtrar nombres de espías según su estrategia política y de usar dos varas según sean periodistas independientes u oficialistas los que divulgan este tipo de información.

El caso más reciente fue en julio de 2021 cuando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño -la antecesora de Agustín Rossi- envió a la Justicia de Lomas de Zamora el libro de actividades diarias del organismo durante el macrismo y luego el documento secreto fue filtrado a medios K.

Por denuncias de las víctimas se abrió una causa ante la jueza federal María Servini quien lo primero que hizo fue desestimar la denuncia contra los periodistas ultra K Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, del portal de noticias El Destape que publicó ese informe secreto.

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«Resuelvo desestimar la denuncia», «por inexistencia de delito», sostuvo la jueza Servini, en el fallo. Y remitió al dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostuvo que la acusación «restringe severamente el derecho de la libertad de expresión que le corresponde a los medios de comunicación», ya que «aplicar la categoría de delito podría afectar gravemente la divulgación de información».

En mayo de este año, con duras críticas Servini sobreseyó por tener poca gravedad institucional a Cristina Caamaño y otros imputados, en esa misma causa que la investigaba por la filtración de dos mil nombres de espías, la más grande de la historia argentina. Ahora su sucesor, Rossi tiene un criterio distinto a al defensa de Caamaño.

En febrero 2018, el asesor informal de Cristina Kirchner Horacio Verbitsky publicó que el hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco, había blanqueado millones de dólares, violando el secreto fiscal de esa ley y de la AFIP. Sin embargo, nadie denunció a Verbitsky como corresponde y el fiscal Federico Delgado impulsó una investigación para saber quién filtró a esa información secreta, dejando claro que el periodista K estaba a salvo de sospechas.

En octubre de 2006, el diario kirchnerista Página 12 reveló completo el legajo secreto del diputado peronista Juan José Alvarez como agente secreto de la SIDE, luego de que éste pasó de apoyar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner a la de Roberto Lavagna.

Incluso difundió una carta reservada, fechada en mayo de 1981 y firmada de puño y letra por el general Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior de la dictadura, estaba dirigida al general de división Carlos Alberto Martínez, secretario de Inteligencia del Estado para recomendar a Alvarez que en ese momento era estudiante de Derecho. La SIDE de Néstor Kirchner no denunció al diario por esta filtración.

En 2004, el entonces ministro del Interior, Gustavo Béliz, exhibió en TV la foto del ex espía Antonio Stiuso, entonces director de Contrainteligencia de la SIDE. La Corte terminó absolviendo a Beliz y dijo que un fallo de Casación “había conculcado los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio” del acusado.

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