Constitucionalistas aclaran que la comisión de Juicio Político puede pedir allanamientos pero a través de un juez



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Félix Lonigro, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, y Manuel J. García-Mansilla también coincidieron en que el arresto de un testigo reticente, también debe ordenarlo un magistrado.

Destacados constitucionalistas coincidieron en que la comisión de Juicio Político de Diputados no tiene la facultad de hacer allanamientos por cuenta propia ni ordenar arrestos, entre otras medidas de prueba, pero sí pedirlos a través de un juez competente.

Clarín hizo una consulta a Félix Lonigro, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, y Manuel J. García-Mansilla a raíz de las declaraciones del diputado cristinista Leopoldo Moreau quien afirmó que esa comisión, donde tiene mayoría el kirchnerismo, podía citar a un testigo a “través de la fuerza pública”.

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El constitucionalista Félix Lonigro explicó a Clarín que “no hay previsión constitucional alguna acerca de las facultades que tienen las comisiones legislativas” del Congreso.

“La doctrina suele admitir la facultad que tienen de desarrollar investigaciones, recabar pruebas, hacer citaciones, allanamientos, secuestros y hasta de citar a personas y funcionarios para tomarles declaración, llegando incluso a arrestarlas para hacerlas comparecer por la fuerza si fueran renuentes a hacerlo”, dijo.

Constitucionalista Felix Lonigro, primero a la derecha.


Constitucionalista Felix Lonigro, primero a la derecha.

Por ejemplo, en la presidencia de Raúl Alfonsín, una comisión investigadora llegó “hacer un allanamiento del estudio de Walter Klein, por la adjudicación de la Compañía Italo-Argentina”.

Sin embargo, en mi opinión “las comisiones legislativas tienen facultades de investigación y recopilación probatoria, pero no pueden hacer secuestros, allanamientos ni arrestos, sino es con una orden judicial que deberían requerir a la justicia federal en lo criminal y correccional federal”.

“En el caso de los jueces de la Corte, no están obligados a comparecer a una citación de una comisión legislativa, y podrían no tenerla en cuenta o contestar por escrito. Igualmente no podrían ser compelidos a comparecer por la fuerza a una citación, por cuanto tienen inmunidad de arresto”, afirmó Lonigro.

A su vez, el constitucionalista y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Daniel Sabsay recordó a Clarín que “el artículo 18 de la Constitución establece las garantías penales y dice que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales”, sino por un juez competente.

Entonces, “esta comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados debe actuar de manera muy cuidadosa porque no se trata de medidas jurisdiccionales propiamente dichas sino que el congreso en su totalidad es un órgano político”.

Por esa condición del Congreso “la comisión no puede disponer allanamientos y en este caso debería solicitarlo a un juez competente. Creo que el juez competente debería ser, a mi entender, un magistrado del fuero federal en lo contencioso administrativo” de la Capital Federal.

La comisión, aclaró Sabsay, “tampoco puede citar a los jueces de la Corte con carácter obligatorio. Estos puede decir si van a concurrir o no: Pero la comisión no puede en ningún caso desbordar las garantías constitucionales”.

A su vez, Gil Domínguez dijo las facultades están estipuladas en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, en particular y del Congreso, en general. “Primero debe hacer una instrucción sumaria previa para establecer si se dan o no alguna de las causales que permitirían mandar un dictamen el plenario para sostener la acusación”.

ANDRES GIL DOMINGUEZ CONSTITUCIONALISTA, ENSAYISTA Y ABOGADO. FOTO JUANO TESONE


ANDRES GIL DOMINGUEZ CONSTITUCIONALISTA, ENSAYISTA Y ABOGADO. FOTO JUANO TESONE

“Tiene amplias potestades de pedir todo tipo de medidas de prueba. De carácter informativo, documental, testimonial y ordenar eventualmente allanamientos”, sostuvo Gil Domínguez.

“Todo esto siempre con una solicitud de pedido fundado a un juez competente. Y también con un traslado al funcionario que está denunciado para que pueda ejercer su defensa”, agregó el constitucionalista.

Por su parte, el constitucionalista Manuel J. García-Mansilla escribió en La Nación que “el anunciado juicio político al presidente de la Corte Suprema no se basa en ninguna de las causales que exige nuestra Constitución”.

Por el contrario, “se trata de un claro intento de abusar de ese mecanismo de remoción constitucional para presionar no a uno, sino a todos los jueces de la Corte Suprema”.

De hecho, “los cargos que se esgrimen no habilitan una remoción de acuerdo con la Constitución Nacional. En un caso, debido a que, como norma, los jueces no pueden ser perseguidos ni molestados por el contenido de sus sentencias”.

En el otro, “dado que los supuestos diálogos que surgen de una operación de inteligencia no solo no están siquiera probados todavía en sede judicial, sino que tampoco parecen involucrar directa y personalmente al juez al que se pretende remover por la eventual falta de uno de sus colaboradores”, finalizó García-Mansilla.

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